Homicidio en la fiesta: encontraron el arma reglamentaria del policía acusado

Homicidio en la fiesta: encontraron el arma reglamentaria del policía acusado

La pistola reglamentaria con la que se habría dado muerte a Agustina del Valle Galarza, de 20 años, el pasado domingo durante una fiesta en el barrio Thompson, fue secuestrada en las últimas horas y será sometida a pericias de rigor. 

   "La entregó el papá del acusado (Rodrigo Jorge Delgado) después de que su hijo declarara en la fiscalía. Dijo que estaba tirada en el patio (de la vivienda del sospechoso, en la calle 3 de Febrero)", aportó un investigador.

   El secuestro, a pedido de la fiscalía que conduce el doctor Jorge Viego, estuvo a cargo de personal de la Policía Federal, teniendo en cuenta que el presunto homicida es hombre de la fuerza bonaerense.

   Delgado, único detenido por el ataque a tiros a una vivienda de Darregueira al 2500, hecho que provocó la muerte de dos balazos de la joven, reconoció ante el fiscal haber sido autor de los disparos.

   "Quería desquitarme la bronca, sin ninguna intención de herir a nadie", dijo, luego de asegurar que fueron echados de la fiesta -junto a su hermano Mauro y su amigo Mariano Chandía- luego de un incidente que se produjo en el interior.

   El oficial de la Policía Local (desafectado de la fuerza) también reconoció que "hay partes que no recuerdo, tomé demasiado alcohol" y que está "rearrepentido de todo esto".

   Sobre la pistola, Delgado había declarado: "Recuerdo que la dejé en mi casa, creo que la dejé en el placard, pero podría estar en cualquier otro sector de la casa porque, por lo que me dijeron, no la encontraron".

   Finalmente su padre aseguró haberla encontrado en el patio e hizo entrega de la misma a la fuerza federal, cuyos peritos también se encargarán de cotejarla con las vainas y los plomos secuestrados, a fin de confirmar que fue el arma utilizada en el lamentable hecho.

   Delgado está acusado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que según el Código Penal prevé penas de un mínimo superior a los 10 años de prisión y un máximo mayor a 33.

 

fuente: La Nueva