Cárceles sobrepobladas: otra fuerte advertencia de la Corte provincial

Cárceles sobrepobladas: otra fuerte advertencia de la Corte provincial

"Es perceptible que la ausencia de un diagrama de política criminal, consensuado como un acuerdo de Estado, que tienda a proveer lo conducente para la solución de los problemas de inseguridad que aquejan a la sociedad, constituye uno de los factores, ajenos al núcleo del quehacer jurisdiccional, sobre el que debe ponerse en la mira por parte de los poderes políticos".

La frase corresponde a un fallo que dictó ayer la Suprema Corte de Justicia bonaerense, como continuidad del llamado "Caso Verbiksky", un habeas corpus para frenar el hacinamiento en las cárceles provinciales.

El máximo tribunal, con votos de los jueces Hilda Kogan, Daniel Soria, Sergio Torres y Luis Genoud, ordenó una serie de medidas y consejos, con el fin de buscar atenuar la sobrepoblación de presos.

Sin evolución

"Las condiciones generales que presenta la problemática enjuiciada no evolucionaron en un sentido positivo", dijeron.

En la Provincia, la cantidad de detenidos representa una tasa de encarcelamiento que supera en el 50% a la media nacional.

"Esas condiciones de detención, influidas por varios factores, en ocasiones parecen contribuir a la reproducción del delito, más que a la reinserción social de los penados", opinó la Corte.

Si bien en 2007 los números parecían encaminarse, desde 2012 en adelante la situación se deterioró.

En 2020 había 52.503 detenidos (con una tasa de superpoblación del 110%) y al 1 de abril pasado la población entre rejas creció en más de 2.300 personas.

"Ese incremento no ha tenido como correlato el mejoramiento de los guarismos sobre los números de delitos, cada vez con rasgos más violentos, ni el cambio de la percepción, extremadamente negativa, que la sociedad tiene sobre tal problemática", opinaron los cortesanos.

Las propuestas

Entre las distintas medidas adoptadas, resolvieron una revisión periódica de la situación de los detenidos para evaluar si no hay que disponer medidas de cautela o ejecución menos lesivas y reiterar la prohibición de alojamiento en comisarías de menores, mujeres embarazadas y enfermos y establecer el cese progresivo de esas dependencias como lugares de detención en general.

También pidieron un "uso racional" de la prisión preventiva, que "no puede funcionar como una pena anticipada" y ponderar el uso del sistema de monitoreo electrónico para los casos que razonablemente puedan tener lugar.

Por otro lado, pidieron información actualizada sobre el avance del plan de construcción de alcaidías e instaron a la creación de una mesa con los poderes Legislativo y Ejecutivo para "adecuar" legislación procesal en materia preventiva y de excarcelaciones.

A su vez, la Corte exhortó al gobierno a gestionar con su par nacional un convenio para trasladar a presos por infracción a la ley de drogas 23.737 (nuevo factor de crecimiento) a cárceles federales.

 

fuente: La Nueva